Blog de Ignacio Fernández

Blog de Ignacio Fernández

jueves, 26 de octubre de 2000

Recreo, calendario, jornada: una falsa polémica educativa

    A nadie debería despistar, a poco que se proceda con rigor y se analice la realidad con un mínimo de sentido global, que no existe maniobra más burda, a la hora de desviar la atención de la opinión pública sobre asuntos de verdadero interés general, que centrar aquélla sobre los aditamentos en lugar de promover debates serios sobre cuanto sí resulta nuclear. Por ello no deja de ser sorprendente que en este comienzo de curso escolar el objetivo de las polémicas haya girado -y continúe haciéndolo sin aportar nada realmente nuevo o con significado sustancial- en torno a aspectos que inciden sólo y con facilidad sobre sensibilidades epidérmicas del hecho educativo, mientras que se eluden con evidente intención otros sobre los que en verdad gravita el presente y el futuro de la educación en nuestro país.
 
    Por lo que parece, a pocos nos preocupa en estos momentos la financiación de la enseñanza o el proceso de fragmentación -y con ello la creación de desigualdades- que sufre el sistema educativo, administrado de forma inconexa por diecisiete comunidades autónomas y un ministerio autista. Poco o nada se ha oído en fechas recientes acerca del desmantelamiento interesado del sistema público de enseñanza, o sobre las todavía precarias condiciones a las que se enfrentan los trabajadores para impartir esa enseñanza, así en centros públicos como en privados. Por el contrario, resulta que lo que se nos está vendiendo desde los poderes públicos y a través de los medios de comunicación como fundamentos de la calidad de enseñanza no son sino ejemplos, entre otros, de la intersección que habitualmente se produce entre los trastornos sociales y la organización educativa, esto es y sin restarle importancia, pura periferia del fenómeno educativo: ampliación o reducción de la jornada lectiva, extensión del calendario escolar, vigilancia de los recreos, etc.
 
    La maniobra, perfectamente orquestada y dirigida a nuestro juicio con la única intención de desprestigiar aún más los valores intrínsecos de la educación (y en ello no cabe duda de que quien más perjuicio recibe es siempre el ámbito público), estaba condenada a triunfar. Desde los Consejeros autonómicos con prurito  de señorío en el escalafón político-administrativo, quienes conocen a la perfección el rápido eco que estos temas tienen en el emocionario social, el fenómeno ha ido creciendo de colectivo en colectivo y ya nadie se escapa de su dinámica manipuladora. De inmediato, las asociaciones de padres y madres, en un alarde notable de argumentación didáctica, han recogido el guante y han terciado en la copla con el famoso estribillo de atribuir el fracaso escolar a las excesivas vacaciones de niños y niñas; acto seguido, rancios grupos gremiales de los más rancios centros de enseñanza, impasibles por lo general a cualquier agresión de carácter laboral o pedagógica, han clamado solidaridad ante lo que consideran la más grave ofensa a sus derechos profesionales; por último, grupos de alumnos se han sentido atraídos por algunos destellos del problema y no han dudado en amenazar con movilizaciones si las alambradas les separan del bocadillo y del paseo matinales. He aquí, por tanto, cómo por fin los sectores educativos, todos a una y no obstante sus visiones divergentes, han conseguido ponerse de acuerdo acerca de determinar cuáles son los males y bienes de la enseñanza en España. Y así, con esa monotonía de los otoños escolares, el curso se ha emprendido y nadie sabe verdaderamente cómo ha sido.
 
    Pues bien, desenmascarada la futilidad de todo ese entramado anterior, si alguna conclusión seria puede extraerse del mismo es la conveniencia de acordar soluciones para tan severas inquietudes  y hacerlo, no desde el ordenancismo en que incurren muchas de las autoridades educativas, sino desde la discusión, la negociación y el entendimiento entre todas las partes implicadas que, por una vez y como hemos dicho, parecen compartir la oportunidad de abordar tales cuestiones. Y hacerlo, además, conscientes de que se trata de una falsa polémica a la que se nos ha conducido con alevosía, para que así podamos cuanto antes y sin ninguna otra añagaza sentarnos a solucionar los verdaderos retos de la educación.
 
    Para contribuir a tal fin, el Sindicato de Enseñanza de CCOO, sin perjuicio de abundar en otro tipo de consideraciones posteriormente y en el ámbito que resulte adecuado, apunta aquí una perspectiva que la opinión pública debe tener muy presente. Cuando hablamos de ampliar la jornada lectiva, de modificar el calendario escolar o de la vigilancia en los períodos de recreo, es muy peligroso, amén de equivocado, tratar con ello de resolver trastornos sociales ajenos a lo estrictamente educativo, pues la complejidad cada vez mayor de nuestra sociedad ni debe ni puede ser resuelta sólo desde el ámbito de la escuela. Ábranse los colegios e institutos las 24 horas de los 365 días del año, si así se estima, pero diferenciando claramente jornada lectiva de jornada escolar, es decir, nunca a costa de la jornada de profesores y alumnos sino creando el empleo necesario para atender las nuevas demandas sociales. Modifíquese el calendario escolar no para ampliarlo a capricho, pues de ninguno de los rigurosos informes de la Unión Europea o de los teóricos de la pedagogía se desprende tal necesidad, sino para asegurar ritmos de estudio y rendimiento óptimos, sin desequilibrios ilógicos entre trimestres y, sobre todo, rompiendo de una vez la mala costumbre de hacerlos dependientes de las festividades religiosas. Y legíslense, si oportuno parece, las condiciones de los recreos sin abusar del rol de guardia que el profesorado ejerce en las circunstancias precisas para ello, sin disminuir los derechos de los alumnos, y combatiendo a la par la jugosa oferta de locales que el consumo y el ocio ha colocado en los alrededores de los centros educativos.
 
    Sirvan por lo tanto estos apuntes para situar la polémica en su justo lugar y dotarla de algún sentido constructivo, alejado de la frivolidad de muchas de las declaraciones vertidas al respecto. Es objetivo de nuestra organización sindical animar también con ello a la propia Consejería de Educación de Castilla y León, para que encare estos asuntos con buenas maneras (discusión, negociación y acuerdo), lo que sin duda vendrá a asegurar desarrollos y comienzos de curso mucho menos caóticos que el presente, donde su obcecación por imponer un calendario ha producido abusos, irregularidades, desorden y desbarajuste para toda la comunidad educativa.

Publicado en T.E. Castilla y León, diciembre 2000

viernes, 28 de enero de 2000

Día de la enseñanza

    Como una forma  de homenaje a los maestros, la editorial Espasa Calpe acaba de publicar el libro Nadie olvida a un buen maestro, en el que Raúl Cremades conversa con personalidades españolas sobre la influencia que recibieron de sus profesores. Por otro lado, a lo largo de los últimos meses dos películas menores con tintes entre lo emotivo y lo amargo, La lengua de las mariposas y Hoy comienza todo, han situado también en primera  línea de cartelera el ayer y el hoy de figuras consagradas a la enseñanza, hasta tal punto conmovedoras que pocos han podido sustraerse a sus efectos turbios. Finalmente, dentro de este mismo orden artístico-docente, imposible es ignorar el éxito de ventas que en las citas con el consumo de los años recientes han constituido reediciones de enciclopedias, parvulitos y cartillas, que en su día tal vez fueran  sangre para la letra y que hoy se nos presentan, muy por el contrario, disfrazadas con la hojarasca sentimental de la memoria.
 
    Así, desde una perspectiva de espectadores -la más común en nuestro tiempo-, bien podría parecer que el fenómeno educativo se ha adueñado de alguna de las pasarelas de la moda, o que incluso participa en pie de igualdad con otra serie de inquietudes que conforman el ser español de nuestros días, a saber, el precio de la gasolina, los laberintos digitales, la ingeniería bursátil, las treguas perdidas, las campañas electorales, las turbulencias del balompié, el virus de la gripe... todo aquello en fin que ameniza los bonitos telediarios de la primera. Pero no es así: ni nuestros profesores tienen por lo general la estampa de Fernando Fernán Gómez ni el talante de su personaje, ni los textos con los que trabajamos al lado de nuestros alumnos rezuman el tono enciclopédico del pasado. Y, por supuesto, ni a nuestros centros de trabajo ni a la sociedad que los envuelve, cada vez más cercanos o superando posiblemente a los expuestos en el filme de Tavernier, se les reserva un hueco en los anaqueles de las grandes superficies.
 
    En este año tan insoportablemente redondo de 2000, la enseñanza pública y sus agentes, las profesoras y profesores, se acomodan una vez más a la partida de cartas marcadas y señas vistas, con el ademán propio de los jugadores adictos, de los tahúres trasnochados y de los perdedores sin escarmiento. Se acomodan porque sin duda la actividad educativa, con notables excepciones, es cada día más una tarea funcionaria y, en virtud de las agresiones externas y de los vicios endógenos que padece todo su entramado, resulta evidente que el sálvese quien pueda se ha convertido un poco en el estribillo más repetido en ese ambiente, para cuyo éxito nada mejor precisamente que la funcionarización del rol de educador. Pero, claro, al lado de esa condición de casi obligado cumplimiento, a nadie se le despista tampoco la enfermedad de tizas y pupitres que define todavía a estos jugadores irredentos, que evocan en sus conversaciones el esplendor de antiguos casinos al tiempo que se resignan al rincón cada vez más secundario que les otorga el croupier en el reparto.
 
    En efecto, durante la última década se han alterado sensiblemente las reglas del juego, y en especial sobre los profesores y profesoras de la enseñanza pública ha recaído el reto de la renovación, sin que ello haya supuesto en paralelo un reconocimiento acorde a lo exigido por parte de las administraciones y de la sociedad española. Desde 1990, fecha en que fue aprobada la LOGSE, se han perdido varias oportunidades para sacar adelante una Ley de Financiación de la Enseñanza, que viniera a fortalecer la implantación del nuevo sistema educativo y asegurara el éxito de un nuevo rumbo que, al margen de posiciones divergentes sobre asuntos concretos perfectamente evaluables con el paso del tiempo, apuntaba interesantes conquistas sociales: la ampliación de la educación obligatoria, la dignificación de la formación profesional, la integración y la atención a la diversidad, etc. La experimentación de la reforma y su posterior puesta en marcha supuso un esfuerzo para el profesorado, emplazado por ella a una nueva formación personal que permitiera la adaptación a nuevos currículos, la introducción de nuevas tecnologías, la toma de decisiones compartidas conforme a la autonomía de los centros, la evaluación de la labor docente y otros extremos que, al cabo, no han recibido la consideración que todo ello debiera haber merecido. Esa circustancia, desalentadora en cierto modo, se ha agudizado precisamente en los cursos más inmediatos, a medida que las decisiones gubernamentales, lejos de apostar con firmeza por un sistema público de enseñanza, han otorgado prebendas y favores exagerados a los mercaderes de doctrinas, rompiendo el equilibrio existente entre lo público y lo privado. Y aún mas: ¿hacia dónde apuntan las iniciativas más recientes del gobierno?. Evidentemente hacia la regresión. Vuelven a oírse noticias sobre la conveniencia de establecer itinerarios que criben al alumnado; se proyectan pasarelas entre los grados de la formación profesional, que habrán de degradar de forma inevitable los ciclos superiores sin con ello ofrecer inserción laboral a los medios; se postulan de nuevo los arcaísmos religiosos a la par que se restringe la optatividad y se regatean los apoyos y desdobles; se encubre bajo el ropaje de las humanidades el desprecio por asignaturas que se desearían nuevamente condenadas a los altares marianos; y se digitalizan las aulas con afán de modernidad a la misma velocidad que se cierran las escuelas y se reducen las plantillas, dos especies sin duda de la arqueología pretecnológica.
 
    Así pues, a nadie extrañará que en medio de estas borrascas haya pasado emocionalmente desapercibido un hecho sin embargo trascendental, del que en buena medida depende el futuro de cuanto aquí se ha tratado. Desde el pasado 1 de enero la Junta de Castilla y León es la responsable de gestionar los asuntos educativos en nuestra región, y con ello se abre una larga marcha de negociaciones de cuya cosecha habrán de extraerse los ejes sobre los que fundamentar la construcción educativa de castellanos y leoneses. Dos acuerdos recientemente suscritos entre la administración autonómica y los agentes sociales permiten aventurar ciertas expectativas de bonanza, si bien ese horizonte apenas apreciable todavía  sólo podrá alcanzarse realmente si el grado de motivación y compromiso del profesorado, a través de sus organizaciones sindicales, responde, como lo hizo con otros, a este nuevo desafío y es capaz de vincular al ejecutivo regional con la defensa de la enseñanza pública por la que todos nosotros trabajamos.
 
    Con motivo de este 28 de enero, declarado en el presente curso Día de la Enseñanza, la Junta de Personal de Centros Docentes no Universitarios propone a la sociedad leonesa estas reflexiones tan necesarias como los textos y películas arriba enunciados, por cuyo éxito también nos felicitamos pues alumbran imágenes bien alejadas de los arquetipos profesionales más en boga y de las servidumbres más perversas. En palabras de Félix de Azúa, “aunque profesores y maestros perciban los sueldos más ridículos de la Administración, ni ellos mismos sueñan con recuperar lo perdido en los últimos diez años. Profesores y maestros, último cuerpo religioso que le queda al Estado, no ejercen su profesión como un hábil modo de agarrar por el gaznate a la clientela. Sólo tratan de agarrar algún cerebro solitario y honrado que aún conserve cierta capacidad de autonomía en el océano de niebla gris creado por los últimos gobiernos”.

Comunicado suscrito por la Junta de Personal Docente de León, enero 2000