La tercera dimensión en la educación

    A lo largo y ancho de la historia social, los conflictos de clase han sido descritos muy visualmente echando mano de dos dimensiones gráficas y comprensibles. En un principio, de forma algo elemental, se trataba de distinguir lo que estaba arriba frente a lo que estaba abajo, es decir, las clases altas de las clases bajas. En un estadio posterior de mayor formalización política, esos términos fueron sustituidos por la expresión lateral, esto es, derecha e izquierda, conforme a la hipótesis, no siempre generalizada sin embargo, de que arriba se correspondía con derecha y abajo, con izquierda.
 

    Particularizando mucho, la historia de la educación discurre en cierto modo paralela a la evolución histórica de estos términos. Así, en un principio, una diferencia primitiva entre arriba y abajo estribaba precisamente en que los primeros tenían acceso a la cultura (y eran o podían ser educados) mientras que los segundos -desheredados de todo por definición-  habían de conformarse como máximo con la sola formación religiosa que, al cabo, era la que más interesaba para mantener inamovible el statu quo a favor de los primeros. Merced a la progresiva ideologización política de los siglos XIX y XX, la educación se convirtió también en una seña de identidad para las nuevas sociedades, de tal manera que la izquierda hizo bandera de la educación pública para todos, mientras que la derecha trató de mantener privilegios de élite en lo que entonces llamábamos colegios de pago, religiosos en su mayor parte.
 

    Naturalmente, da hoy la impresión de que esta situación está superada. Por un lado, en los países desarrollados la enseñanza básica se ha generalizado a casi toda la población, la educación pública se ha extendido de forma digamos suficiente y el acceso a estudios superiores parece casi al alcance de cualquiera. Por otro lado, los llamados ahora colegios privados concertados recogen financiación pública y alumnado en teoría de todo origen social, habiéndose convertido sus patronales, paradójicamente, en los más firmes adalides de la libertad de enseñanza. Junto a esto, tampoco podemos ignorar el perfume embriagador que el capitalismo ejerce sobre las masas, creando la apariencia de que todo se ha igualado y que, por el hecho de enviar a nuestros hijos a no sé qué colegio de hermanitas, todos somos poco menos que gobernadores civiles a la antigua usanza.
 

    ¿Se ha producido realmente la superación de una barrera social en nuestro país o estamos ante un espejismo? ¿Acaso las diferencias sociales están volviendo a mutar a medida que la historia va pasando páginas? Más bien parece esto último; y, de ser así, ¿no deberíamos preguntarnos por el nuevo formato de las diferencias, aquello sobre lo que gravita en este siglo XXI la obstinación en lo distinto? Desde nuestro punto de vista, una tercera dimensión ha entrado con fuerza en el mundo educativo para que nada cambie y para que la apariencia nos haga pensar en un mundo más feliz. Esa tercera dimensión que faltaba no es otra que la de delante y detrás, los adelantados frente a los retrasados. He ahí la nueva clave que vuelve a encumbrar a unos y a abismar a otros.
 

    ¿Puede un gobierno conservador desmontar a estas alturas democráticas el valor conquistado por la educación? Desde luego que no; políticamente, sería más que incorrecto e insoportable. ¿Puede un gobierno conservador permitir la igualdad de oportunidades educativas para todos con independencia de cunas, tintes, neuronas o fes? Naturalmente no; adónde iríamos a parar. Así pues, se hace imprescindible dividir, separar, segregar, es la doctrina neoliberal, el sálvese quien pueda, la pantomima de que cualquiera puede llegar a ser presidente (¿es una pantomima?); lo pide la sociedad, dicen, los profesores lo reclaman y las nuevas leyes educativas lo bendicen. Pero, con qué patrón. El de arriba y abajo está periclitado y el de izquierda y derecha, poco menos que demodé. Por lo tanto, sólo resta delante y detrás.
 

    Toda la política educativa del Partido Popular se acomoda a esta nueva dimensión triunfante, y ello explica tanto la reducción de becas universitarias (recientemente denunciada por el Presidente de la Conferencia de Rectores) como el desequilibrio inversor entre centros públicos y privados. Ese desequilibrio ha supuesto que en la Comunidad de Castilla y León, entre los años 1996 y 2000, la pérdida de alumnos en la educación pública haya superado la media nacional, mientras que crecía sin rubor el traspaso de recursos públicos a empresas privadas a través de conciertos. Y ese fenómeno no ha dejado de crecer, evidentemente, con el traspaso de competencias; por el contrario, la Consejería de Educación y Cultura ha generalizado los conciertos para la Educación Infantil en tanto que, por ejemplo, elimina los Programas de Orientación en los Colegios Públicos o suprime puestos de Educación Compensatoria destinados a atender a minorías étnicas y a inmigrantes, los más atrás de los de detrás.
 

    Pero nos engañaríamos si creyésemos que se trata tan sólo de una cuestión económica o de recursos. Las diferencias de profundidad son también y sobre todo una expresión política, social y cultural que nos incumbe a todos por igual, ya sea en la degradación de los desempleados -otros retrasados que en numerosas ocasiones nacen en el propio sistema educativo-, ya sea en la propia transmisión de conocimientos en la escuela, no solucionada ni mucho menos por ayudas para libros de texto, sino por situar a los alumnos en disposición de acceder verdaderamente a las fuentes de información, donde están ya los adelantados. Las repeticiones de curso significan la consolidación del retraso; los itinerarios ponen de relieve, sin remediarla, la distancia entre los primeros y los últimos; la jerarquización y la pérdida de autonomía en los centros públicos encarnan las nuevas formas de control para asegurar el éxito de los sumisos y someter al ostracismo a los rebeldes. La Ley de Calidad es la nueva Biblia de la tercera dimensión y Pilar del Castillo, su sacerdotisa.

Publicado en Diario de León, 23 noviembre 2002

y en T.E, Castilla y León, octubre 2002

Como cuando vinimos de España

    Argentina, un horizonte mucho más que entrañable, no deja de conmovernos e incluso movernos a vergüenza en este lado del océano, donde da la impresión de que su fractura social, política y económica no va con nosotros, a no ser por los rotos que provoca en los beneficios de ciertas empresas depredadoras de linaje hispano. El caso es que hasta aquel país singular llegaban no hace tanto tiempo españoles que, huyendo de una España pobre y sin perspectivas, buscaban allí su propio lugar en el mundo; y en verdad no debió de irles tan mal, a pesar de que siempre los vientos fueron por allá racheados. Sucedía así que a un periodo de esplendor y de crecimiento le seguía otro inevitablemente de oscuridad y de mengua. Acostumbrados a esos vaivenes y haciendo gala de un estoicismo muy de nuestro sur, aquellos españoles, cuando la fortuna dejaba de serles favorable y caían de nuevo en la penuria, exclamaban resignados: “ya estamos como cuando vinimos de España”. La frase creó escuela y, naturalmente, se extendió a muchas otras situaciones cotidianas en las que se repetía la sucesión de fortunio e infortunio, de conquista y derrota, de éxito y de ruina.
 

    Este curso escolar que ahora concluye consagra en el ámbito de la educación en nuestro país el cambio de ciclo, ligado por supuesto a un mismo derrotero político que afecta en general a todo lo social y lo público. Por lo que a la educación se refiere, desde que convinimos en convertirnos en un estado democrático a la usanza europea, una de las principales preocupaciones de la sociedad española durante el último cuarto del siglo anterior fue modernizar su sistema educativo -desde los cero años hasta la Universidad- a la vez que se perseguía universalizar esa educación como un derecho para todos. Con toda probabilidad esos objetivos fueron relativamente alcanzados. Nadie puede negar los progresos, aun imperfectos, que supuso la legislación aprobada en los últimos veinte años, si bien es cierto que los ritmos históricos la han envejecido demasiado pronto, poniendo de manifiesto con mayor nitidez las insuficiencias de su aplicación y la falta de correspondencia en muchos casos entre la letra y la realidad. Tampoco nadie podrá negar el progreso que se apoya en la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y la oferta casi generalizada en Educación Infantil, en el mayor acceso de jóvenes a los estudios universitarios y en el rescate de la Formación Profesional desde la catacumba en la que vivía abismada. Así mismo no se puede negar que ciertos modos democráticos y participativos, ciertos principios de libertad y de igualdad, impregnaron también las formas de gobierno de los centros educativos, desde los claustros hasta los consejos escolares, desde la elección de directores o rectores hasta el fortalecimiento del espíritu asociativo entre estudiantes y padres y madres. En suma, hemos atravesado un periodo difícil de conquistas imprescindibles en el mundo de la enseñanza y lo hemos hecho, sobre todo, en el ámbito público, aquel que puede garantizar que los principios antes citados llegan a todos los ciudadanos y ciudadanas.
 

    Pero este curso que concluye nos vuelve a situar como cuando vinimos de España, es decir, en el residuo del pasado. Asistimos a la regresión en casi todo lo avanzado, azotados, más que por un aire de progreso, por un afán de revancha que nada o muy poco sabe de la ilustración (eso es lo más terrible). Las leyes educativas que el Partido Popular va imponiendo so pretexto de rejuvenecer el ordenamiento y atender a nuevos problemas que nos han ido asaltando, no son -nos tememos- ejemplo de un rumbo que avanza, sino directriz que hurga en el pretérito para reconquistar valores eternos, privilegios de casta y principios de un talante mucho más que conservador. No otro sentido puede atribuirse a las formas y a los contenidos que identifican a las nuevas leyes que el actual Gobierno va alumbrando, desde la LOU hasta la Ley de Calidad. Por encima de cuestiones de índole pedagógica u organizativa, la ausencia de diálogo y de acuerdo marcan el estilo; y la consagración de modelos jerárquicos, segregadores y elitistas, el fondo. Asusta un poco pensar que ese estilo y ese fondo, además de constituir una política, impregnan también el envoltorio social y que una gran parte de la sociedad española los asume como seña en los tiempos que corren. En tal caso, la enfermedad sería mucho más grave, puesto que no sólo estaríamos asistiendo a la culminación de un programa de gobierno, sino a la consolidación de un país premoderno, insolidario y gris, esto es, justamente aquello de lo que escapábamos cuando salíamos de España.
 

    Las reformas educativas que se están poniendo en marcha, siempre en contra de la general contestación de la comunidad escolar, van a suponer un cambio casi copernicano del sistema. El denominador común de esa transformación no es otro que el objetivo de competencia en desigualdad muy propio de las ideologías neoliberales al uso, que se vanaglorian de reducir el sector público como virtud, sin expresar sin embargo el más mínimo sonrojo al potenciar todo género de subvención y favor al privado. Así lo hace la LOU con las universidades privadas frente a las públicas, y del mismo modo lo regula la Ley de Calidad con la enseñanza no universitaria. Podrán utilizarse argumentos sonoros como la endogamia o el fracaso escolar, pero ni una ni otro van a ser resueltos ni interesa al Gobierno que así suceda: cuanto mayor sea el descrédito de lo público mayor será el beneficio de lo privado. Y aún más, para que esta máxima alcance el éxito que se pretende, también las nuevas leyes vienen a garantizar la hegemonía ideológica que las anima mediante el recorte de la participación democrática y la comisaría política de la Administración en los centros educativos, no vaya a ser que la libertad se enquiste en alguno de ellos y provoque una epidemia de derechos ahora cercenados. Mal asunto para una España de privilegios y de agua bendita.
 

    Así pues, poco queda ya para el curso próximo, momento en el que será necesario reforzar las formas de oposición a la política educativa del Partido Popular y de su entorno empresarial y tridentino. CCOO ha propuesto ya un paro general en la enseñanza para el otoño que viene, hacia el que nos dirigimos con el aval de las protestas masivas puestas de manifiesto en el último tramo del curso actual.  En ellas y en el deseable fin de la soberbia gubernamental reside el porvenir -argentinizado o no- de la educación española.

Publicado en Diario de León, 1 julio 2002

Miente Arvizu

    En la sección Tribuna del Diario de León del pasado día 12 de mayo, aparecía un artículo firmado por don Fernando de Arvizu bajo el título “Calidad en la enseñanza”. En el mismo, además de contenerse opiniones acerca de las propuestas educativas del Partido Popular, se hace referencia no bien intencionada a los movimientos de contestación a esa política afines, según el ex senador, al Partido Socialista. Pues bien, en lo tocante a esta Plataforma para la Defensa de la Enseñanza Pública y a los planteamientos que defendemos hemos de señalar: 

1. Miente Arvizu -y lo sabe- cuando ignora la trayectoria dilatada en el tiempo de esta y otras plataformas similares de ámbito estatal o regional. No se trata, por lo tanto, de organismos creados al efecto, si bien es cierto que las políticas intransigentes del Gobierno actual tienen la virtud de animar, a falta de otros cauces que merezcan su respeto, estas formas de expresión. Y miente también Arvizu -y lo sabe- cuando identifica a las organizaciones integradas en estas plataformas con el Partido Socialista. Además de la presencia de este Partido, en la Plataforma de León se incluyen actualmente cinco organizaciones sindicales, dos organizaciones políticas, dos federaciones de padres y madres de alumnos y un movimiento de renovación pedagógica, cada una con la ideología que las identifica pero con el denominador común de reivindicar la escuela pública (en lo que no coincidimos, evidentemente, con el PP); y cada una de ellas con sus afiliados, militantes o asociados que, juntos o incluso por separado en algunos casos, reúnen a un mayor número de personas que las que figuran como afiliadas al Partido de Arvizu en esta provincia. 
2. Dice el ex senador -y sabe que miente- que la llamada Ley de Calidad de la Educación “está siendo precedida de un amplio diálogo con los sectores sociales de la comunidad educativa”. Nadie mejor que él sabe que eso no es verdad, puesto que, a propósito de ese proyecto de Ley, los únicos debates públicos habidos en la provincia leonesa han sido dos mesas redondas promovidas casualmente por esta Plataforma. A una de ellas, celebrada el pasado día 2 de mayo, se había comprometido a asistir Arvizu en representación del PP, pero ni lo hizo ni tuvo la delicadeza (podríamos llamarlo también educación de calidad) de disculparse o de enviar en su lugar a algún otro miembro de su partido. Claro que lo mismo ocurrió con la mesa celebrada el día 9 de mayo, donde la invitada era doña xxx, y su comportamiento fue similar al anterior. Cabe preguntarse entonces con quién debate Arvizu y el Partido Popular. ¿Quizá con la patronal de la enseñanza privada? ¿Quizá con la iglesia católica? Si nos atenemos a los cambios que desde el original Documento de Bases se han introducido hasta llegar el anteproyecto de Ley así lo parece, pues no son otros que la gratuidad en etapas no obligatorias de la enseñanza, es decir, generalizar los conciertos en Educación Infantil, y reforzar la enseñanza de la Religión en la escuela de un Estado no confesional. 
3. Pero comportamiento y mentiras de este tipo son normales tanto en Arvizu como en el partido que nos gobierna, sobre todo si acto seguido se dispone de uno o de varios medios de comunicación para impartir doctrina. Porque no otra cosa es su artículo ni otra cosa en la Ley que lo fundamenta. Dice Arvizu, por ejemplo, que “no debería haber disparidad en el diagnóstico” de los problemas que hoy tiene la enseñanza y que nadie niega que existan; pero no descubre en qué análisis se apoyan sus afirmaciones sobre el fracaso escolar o la igualdad de oportunidades, por citar dos aspectos que él aborda con la frivolidad propia de quienes afirman que teníamos un problema y ya no lo tenemos. Aventajado alumnos, como vemos, el ex senador, que nunca se verá sometido, vistos su aplicación y esfuerzo, a seguir carrera política en itinerarios residuales. O tal vez sí para dejar paso a otros. 
4. Por último, apunta Arvizu -y casi seguro que miente- que “la Ley que en su momento se apruebe contendrá modificaciones y mejoras introducidas en el trámite parlamentario”. Tampoco en esto podemos estar de acuerdo, pues el objetivo primero de esta Plataforma es conseguir la retirada de un proyecto de ley que nace falto de un imprescindible análisis riguroso, de un Libro Blanco de la Educación que, además de identificar los conflictos, no ignore las causas de los mismos ni desprecie los éxitos alcanzados por un sistema educativo público que, contra viento, marea y ex senadores, ya es de calidad. En fin, toda una frustración para Arvizu no poder contribuir al trámite parlamentario, aunque una satisfacción relativa para quienes desconfían de discursos que no superarían una buena reválida en un debate público como aquel del que huyó el interfecto.

Publicado como Plataforma para la Defensa de la Enseñanza Pública en

Diario de León, 23 mayo 2002