Blog de Ignacio Fernández

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domingo, 22 de febrero de 2009

Contra las privatizaciones

    Uno de los dogmas que con mayor fuerza castiga a nuestra sociedad a lo largo de los últimos tiempos es la idea neoliberal de la presunta superioridad de la empresa privada sobre la pública, desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia y del control. Esta idea, que poco a poco se ha ido extendiendo desde los sectores políticos y económicos más conservadores hasta algunas de las organizaciones sociales y políticas más progresistas, ha hecho posible la creciente privatización de los servicios públicos de todo tipo, sin distinción alguna.

    Curiosamente, en el momento actual de desconcierto por el que atraviesa el mundo, esa tendencia se expresa de forma muy contradictoria. Mientras que el Estado acude al rescate de las iniciativas privadas tóxicas para salvar el sistema, las administraciones públicas aprietan el acelerador de la privatización, a veces por razones puramente financieras, a veces por simple complicidad con los sectores de la construcción a la deriva. En el caso español cohabitan una y otra faceta, sobre todo por lo que se refiere a los ayuntamientos endeudados y a las grandes constructoras, a la vez auténticas multinacionales de los servicios. En parte, estas razones explican también el azote privatizador que está sacudiendo a la provincia leonesa desde todos los sectores y para todos los colores, tal y como veremos a continuación.
    Desde la Junta de Castilla y León, en el marco del llamado Pacto Local, se va a proceder al traspaso de diversos centros a las entidades locales, entre ellos las escuelas de educación infantil (guarderías), que en nuestra provincia serían las de Ponferrada, Astorga y Fabero. El citado Pacto deja abierta la puerta a la privatización del servicio, puesto que si el ayuntamiento en cuestión tiene ese servicio privatizado con anterioridad, le permite optar por la forma de gestión que consideren más adecuada. Por eso los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles se han movilizado para reclamar que se mantengan en el ámbito de la Junta de Castilla y León y que no se lleven a cabo unas transferencias que suponen, a buen seguro, una privatización de un servicio público como es la educación de los niños entre 0 y 3 años, con el correspondiente deterioro en la calidad de dicha educación y un importante encarecimiento. Por ello reclaman a la Junta el reconocimiento de la Educación Infantil como un tramo más del sistema educativo y, por lo tanto, su integración en la Consejería de Educación, al igual que el resto de ciclos educativos. Así mismo, piden que se potencie, consolide y amplíe la red de centros educativos de titularidad y gestión pública y la creación de un Programa de Formación Continua para los educadores de esos centros.
    
    La Diputación Provincial ha decidido seguir también esa senda y, a través del Diputado de Servicios Sociales, ha confirmado la pretensión de privatizar el servicio de cocina del centro asistencial COSAMAI, en Astorga, y el servicio de lavandería en los cuatro centros asistenciales de la provincia: el ya mencionado en Astorga,  dos en León y otro en La Bañeza. Esta iniciativa no es sino la punta del iceberg, ya que la acción privatizadora podría incluir, además de estos servicios reseñados, otros de limpieza, enfermería y alquiler de esquíes, entre otros, de centros asistenciales y estaciones de esquí. Una medida que afectaría a un número significativo de trabajadores en asuntos tan transcendentales como retribución salarial y condiciones de trabajo.
    En menor escala, lo mismo está ocurriendo en la Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Ponferrada ante la segregación de la misma de las entidades locales pertenecientes al municipio ponferradino. En la única reunión mantenida al efecto, el Presidente de la Mancomunidad manifestó la intención de que Ponferrada se segregaba y que  sobraban doce trabajadores, solicitando que los voluntarios que desearan irse pasarían a prestar sus servicios en la empresa concesionaria del Ayuntamiento de Ponferrada sin más especificaciones. Es decir, tanto en este caso como en el de la Diputación se está actuando con ocultamiento, sin cumplir con la obligada información y negociación con la representación laboral por la posible modificación de condiciones de trabajo o salariales de los afectados, que están siendo tratados como mercancía o como moneda de cambio.
    Finalmente, el Ayuntamiento de León encarna el paradigma de la demencia privatizadora y del absurdo político. Su proceder general y algunas de sus actuaciones en esta materia han merecido ya el siguiente juicio unánime de todas las secciones sindicales presentes en la entidad: uno de los mayores atentados a la legalidad cometidos en la historia reciente de esta provincia, una demostración palmaria de la incapacidad para gestionar los intereses públicos y un descomunal error político de inciertas consecuencias, únicamente imputable al actual equipo de gobierno PSOE-UPL. Claro que para despropósitos merece la pena también contemplar el comportamiento táctico de la oposición, el grupo del PP, que se traviste aquí de paladín del agua pública, como si no se tratara del mismo partido depredador que esquilma los servicios públicos en todos los casos anteriormente expuestos.
    Así pues, a juicio de CCOO, la defensa de lo público ha de ser una defensa trasversal y global, puesto que no estamos ante fenómenos aislados que deban combatirse caso a caso. Por el contrario, se trata de una auténtica estrategia general protagonizada por políticos deficientes, que fueron elegidos para gestionar, entre otras cosas, los servicios públicos, pero que han decidido abdicar de esa función en provecho de los grandes monopolios constructores y financieros. Exactamente los mismos que son responsables de la crisis que perturba y destroza todo el mercado laboral.

Publicado en Diario de León, 27 febrero 2009

martes, 3 de febrero de 2009

Manifiesto contra la privatización del agua

    Vecinos y vecinas de la ciudad de León, muchas gracias por haber participado en esta manifestación de rechazo por el intento de venta del Servicio Municipal de Aguas de esta ciudad. Muchas gracias en nombre de las organizaciones que conforman la Plataforma Leonesa contra la Privatización del Agua, que aglutina a gran parte de la sociedad civil desde posiciones vecinales, sindicales, ecologistas, estudiantiles, políticas y culturales.  Muchas gracias por vuestro clamor, por vuestras firmas y por vuestro compromiso contra esa traición.
    El agua de León sigue siendo pública; es preciso decirlo bien alto. No caigamos en el derrotismo de quienes piensan que ya es un hecho consumado. Es absolutamente falso. El Ayuntamiento se ha limitado a aprobar la composición de la comisión municipal que informará  el cambio de gestión. Todas las posibilidades siguen abiertas por lo tanto.
    Es más, si os animáis a consultar la propia página web de nuestro Ayuntamiento, junto a la imagen cándida de una niña bebiendo un vaso de agua, encontraréis en ella un texto revelador que todavía dice: “El Servicio Municipalizado de Aguas es un área muy próxima a los vecinos, a unos ciudadanos que perciben una atención cercana respecto de un elemento básico como es el agua”. Curiosamente, lo escriben en su propia propaganda aquéllos que ahora desprecian la voluntad popular e ignoran a su ciudadanía. Ése es su primer delito.
    El segundo es haber caído en el dogma que castiga a nuestra sociedad a lo largo de los últimos tiempos: la idea neoliberal de la presunta superioridad de la empresa privada sobre la pública, desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia y del control. Esta idea, que poco a poco se ha ido extendiendo desde los sectores políticos y económicos más conservadores hasta algunas de las organizaciones sociales y políticas más progresistas, ha hecho posible la creciente privatización de los servicios públicos de todo tipo, sin distinción alguna. El agua es, precisamente, su eslabón más débil, porque es un monopolio natural, un mercado cautivo, sin alternativa para los ciudadanos, dominado por grandes empresas transnacionales que controlan el 90% de la facturación mundial. En España sólo dos empresas manejan más del 80% del negocio privado de la gestión del agua. El poder de estos dos grandes grupos, verdaderos oligopolios multiservicios, y su capacidad de presión ante las instituciones están condicionando las reglas de la libre concurrencia, afectando a la neutralidad y rigor en las adjudicaciones, y, por supuesto, al ejercicio efectivo del control por parte de las administraciones sobre la calidad del agua y del servicio prestado. 

    Porque si el agua se privatiza:
  • Subirá su precio, puesto que la empresa privada intentará recuperar con beneficios la inversión realizada. 
  • El Ayuntamiento dejará de percibir los ingresos de un servicio eficiente  y saneado, que genera cuantiosas ganancias. 
  • Seguiremos pagando la mejora de la red mediante impuestos especiales, porque la empresa privada no reinvertirá los beneficios en las infraestructuras del agua. 
  • Desaparecerán de la gestión consideraciones sociales  y medioambientales, como la atención a personas sin recursos, el abastecimiento a barrios desfavorecidos, las tarifas que primen el ahorro y castiguen el despilfarro, la  protección de acuíferos y ecosistemas, etc. 
  • Se sustituirá la actual plantilla por otra más reducida y en condiciones laborales precarias, lo que minará la calidad de la prestación del servicio.
     Así pues, si el Servicio de Abastecimiento de Aguas de la ciudad de León cuenta en la actualidad con una buena gestión, siempre mejorable como lo atestiguan los informes de la concejala dimitida, y está reportando beneficios a las arcas municipales que aún pueden ser mayores, la excusa de que la situación económica del Ayuntamiento es muy grave y es necesario hacer caja para cuadrar las cuentas es débil e inconsistente. Y, por otro lado, hemos de insistir en el rechazo de cualquier tipo de planteamiento que sólo contemple los servicios de utilidad pública desde el punto de vista puramente económico, sin atender  al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Además, calificamos la decisión tomada como irresponsable, porque cualquier cambio en la administración de un Bien Común y un Derecho Básico, como es el agua, tiene que obedecer a la mejora real del servicio, no a la obtención de financiación con la que enjugar, momentáneamente, el déficit municipal.
    Vecinos y vecinas, el abastecimiento de agua pública es una conquista social conseguida con el esfuerzo común de varias generaciones de leoneses y leonesas. Su buen funcionamiento se debe al buen uso que hace de él la ciudadanía y a la buena gestión de los gobernantes municipales, a los que elegimos para que asuman esa responsabilidad y no para que deleguen en terceras personas. Si en los últimos años han vendido nuestro suelo, nuestros jardines, nuestras brigadas de obras, y ahora pretenden hacer lo mismo con el agua, entonces no tenemos un alcalde, sino un liquidador del patrimonio de todos los habitantes de la ciudad de León.
    Por todo ello, del mismo modo que hoy hemos respondido con nuestra participación en este acto, es absolutamente imprescindible continuar la presión hasta modificar esta barbaridad, tal y como hicimos hace cinco años con su anterior intento privatizador. Y para ese fin os convocamos nuevamente a tomar este Ayuntamiento y esta plaza el día en que el Pleno municipal aborde la aprobación inicial del expediente de venta. 

    Vecinos y vecinas, es una causa justa, es la defensa de nuestro bien común más preciado, que es y debe seguir siendo de todos nosotros.


Manifiesto leído al final de la manifestación contra la privatización del agua,
6 febrero 2009