La
política municipal en la ciudad de León es a grandes rasgos un deja vu. Cuatro años atrás, con un equipo de gobierno de
signo diferente al actual, la invocación de una deuda heredada sirvió para
encargar una auditoría con la que justificar, entre otras cosas, modificación
de impuestos y tasas, alivio de plantilla y, finalmente, privatización de
servicios. El problema no se resolvió entonces, porque dudosamente será
resuelto nunca sin una adecuada Ley de Financiación Local que ningún Gobierno ha
abordado hasta la fecha, ni se resolverá ahora cuando todo vuelve a ser igual y
la canción nos resulta tan conocida como un viejo disco rayado. Con la
peculiaridad importante que le añade la crisis económica, que ha desecado las
fuentes de ingresos municipales, los gobernantes de ahora vuelven a invocar la
deuda heredada para fiarlo todo a una nueva auditoría, modificación de
impuestos y tasas, alivio de plantilla y, finalmente, nuevas privatizaciones de
servicios. Lo dicho: un deja vu.
Hay
algunas diferencias, no obstante, que se puede y se deben resaltar. En aquellos
tiempos, el Alcalde Fernández buscó al menos tímidamente la colaboración
imposible de las organizaciones empresariales, sindicales y vecinales, y
reuniones hubo varias al efecto hasta que las posturas se hicieron del todo
incompatibles, el gobierno municipal se replegó sobre sí mismo, desconectó de
sus bases, abdicó de su programa electoral y generó un conflicto todavía no
cerrado. Nos referimos al proceso de privatización del Servicio Municipal de
Aguas y su conversión en una empresa mixta. En estos tiempos, el Alcalde
Gutiérrez y su equipo se lo guisan y se lo comen, explican poco y lo amagan
todo, sin un gesto mínimo al entorno ciudadano y a sus organizaciones. Están en
su derecho de hacerlo así, desde luego, y por eso seguramente son militantes
del Partido Popular, que entiende la participación como una acción paternalista
y poco más. Pero vuelve a cometer un pecado similar al de sus antecesores, el
de renegar de su programa electoral, donde nada se dijo tampoco de nuevas
privatizaciones de servicios públicos.
Más
bien podía esperarse lo contrario si atendemos a la famosa guerra del agua, que resultó pintoresca en algunos aspectos.
Ocurrió, como consta en las hemerotecas, que se creó una plataforma
antiprivatización, donde vinieron a coincidir en el rechazo numerosas
asociaciones de distinto signo, incluido el PP. Esa paradójica presencia generó
serios problemas en el seno de la plataforma, discusiones sobre la oportunidad
política de ese gesto e incluso más de una deserción dentro de aquel
movimiento. Vino a certificar la lealtad del partido, mandatado por la
presidenta Isabel Carrasco (en la actualidad concejala en el Ayuntamiento de
León), nada menos que su responsable de política municipal Cecilio Vallejo.
Desde ese momento, todo hay que decirlo, el trabajo de los concejales del grupo
popular, con Mercedes Moro a la cabeza, fue encomiable, e incluso se recuerda
todavía el entusiasmo callejero del único concejal vivo de aquel grupo, Julio Cayón,
en las dos manifestaciones que recorrieron las calles de la ciudad en defensa
del agua pública.
A
propósito de todo aquello, los unos, los otros y los de más allá han hecho
mutis por el foro, mientras en los tribunales sigue pendiente la resolución del
contencioso-administrativo que presentamos los últimos resistentes de la
plataforma, entre ellos CCOO y UGT. El PP ya había abandonado por entonces el
campo de batalla y preparaba el relevo en sus caras y en los sillones
municipales que pasaría a ocupar tras las elecciones del pasado mes de mayo.
Sin embargo, guardó silencio sobre sus intenciones durante la campaña, como
vuelve a hacer ahora por lo que se refiere al ámbito general del Estado, y,
llegados a este punto, no le duelen prendas en decir digo donde dijo diego. Así
de coherentes somos por estos pagos y así de corta es la memoria de cuantos hoy
guardan silencio sobre este proceder, excepción hecha de IU y del presente
escrito. No se ha visto tampoco en las gloriosas celebraciones de los quince de
cada mes ninguna referencia a ello, como si la aspiración de un mundo global
más justo no pasase antes por el pequeño detalle de las reivindicaciones más
inmediatas y cotidianas.
Pues
bien, las dos organizaciones sindicales mayoritarias de este país volvemos a
situarnos enfrente de estas decisiones que esquilman lo público y santifican lo
privado. Y tornamos a colocarnos en disposición de colaborar en las soluciones
coyunturales y estructurales para un ayuntamiento como el de León en franca
bancarrota. E insistimos en reclamar foros de participación y compromiso para
conseguirlo, sabedores de que sólo de este modo las decisiones políticas serán
asumidas por la ciudadanía y tendrán éxito. De lo contrario, dentro de cuatro
años regresará una vez más el deja vu,
sus auditorías, sus modificaciones de tasas e impuestos, sus alivios de
plantilla y sus reprivatizaciones. Eso sí, sin que por el camino, ni antes ni
ahora, nadie haya sido condenado al menos con la incompatibilidad para cargo
público por haber generado todo ese tipo de deudas que unos y otros, hoy por ti
y mañana por mí, se pasan de mano en mano como un testigo de la incompetencia.
Publicado en Diario de León, 29 octubre 2011