Que
las administraciones en general y la Junta de Castilla y León en particular
velan por nosotros nadie lo duda. Que su principal inquietud es el bienestar de
todos sus administrados evidentemente tampoco. Que para uno y otro objetivo
toman decisiones sabias y adecuadas según el momento parece incuestionable. En
suma, estamos en buenas manos. Al menos no de otro modo puede entenderse que en
tiempos tan turbulentos y desastrados como los presentes haya tenido nuestro
Gobierno regional la feliz idea de multiplicar el número de bares en nuestras
ciudades. Es más, parece ser que la iniciativa proviene de la Federación
Regional de Municipios y Provincias, asociación integrada por ayuntamientos,
diputaciones y otras entidades locales, a cuyo frente se colocan así mismo
gentes sabias que también pierden el sueño por el bien de los pobres mortales.
Con esta decisión, previa modificación de leyes menores y sin importancia como
la Ley de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes, la
Ley del Ruido y la Ley de Prevención Ambiental, y mediante la enmienda de otra
Ley tan apropiada para lo que aquí tratamos como la de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, desaparecerán los límites físicos actuales entre
establecimientos hosteleros para la venta de bebidas alcohólicas, que es como
los nombran nuestros comités de sabios, y podrá ampliarse su aforo sin mayores
trámites. Todo ello, claro, con el afán de impulsar estos negocios que, como
todos sabemos, se confirman por fin como el famoso nuevo modelo productivo,
cuyo advenimiento aguardábamos ansiosamente para recuperar el pulso económico y
laboral en esta bonita región. Ni reforma laboral, ni financiera, ni fiscal ni
dios que lo fundó. Para qué si con los bares tenemos bastante para olvidar las
penas y de paso cumplimos con lo afirmado por una voz tan sabia como popular:
“mientras haya pa beber… pa comer ya pediremos”.
Publicado en La Crónica de León, 10 febrero 2012
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