Conocida la
evolución opuesta de precios y salarios a lo largo de 2012, los primeros al
alza y los segundos a la baja, nadie podrá argumentar ya que sobre los sueldos
se asienta el exceso de inflación. Pueden colaborar a ello en un momento dado,
no en éste precisamente, pero hay otros elementos tan o más decisivos en la
evolución negativa de los precios. La especulación, desde luego, que llega a
todos los ámbitos, tal y como se observa con los productos agroalimentarios; los
márgenes de beneficio, generalmente incontrolados sobre todo en grandes
superficies; las artimañas de despiste y los pactos oscuros, muy evidentes en
el caso de gasolinas y otros combustibles; y, en fin, los favores de naturaleza
política que, lejos de contribuir al control de precios en productos básicos
para asegurar el mantenimiento de un mínimo poder adquisitivo, atienden a
intereses muy concretos distantes de lo que podemos considerar el bien común.
Dos ejemplos de esto hemos conocido la semana pasada. De un lado, la Ministra
de Fomento anuncia de forma caritativa que, aparte de otras ofertas, se bajará un 11%
el precio del billete general del AVE a partir del 8 de febrero; es decir que,
gracias a la subida de tarifas que a principio de año se realizaron en los
trayectos de cercanías y de media distancia, los usados por una gran mayoría de
ciudadanos, sufragaremos la bajada de los trayectos que benefician a las élites
viajeras. De otro lado, supimos también que decenas de fármacos excluidos de la
financiación pública han disparado sus precios desde que hace cinco meses se
ejecutó el medicamentazo; es decir, que
era posible influir sobre el precio de estos productos cuando estaban bajo el
paraguas del Estado, pero ahora se da carta blanca a las multinacionales
farmacéuticas para que regulen el mercado como a bien tengan, sin importar la
relevancia de su consumo. Una vez más la liberalización no supone
abaratamiento.
Publicado en La Crónica de León, 8 febrero 2013
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