Blog de Ignacio Fernández

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martes, 13 de diciembre de 2016

Salario mínimo

     Mucho se habla en estas fechas cercanas al fin de año sobre el salario mínimo interprofesional. Todo indica que será elevado en 2017, cuentan que hasta 797’6 euros al mes, una subida aparentemente notable pero insuficiente para acercarnos a lo que establece la Carta Social Europea suscrita por España. Esa declaración, que compromete a los gobiernos firmantes, reconoce que “todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”. El Consejo de Europa estableció en su momento un umbral al respecto que sigue vigente en la actualidad: un salario neto justo tiene que alcanzar, al menos, el 60% del salario neto medio del país.

     Por ese motivo, entre otros, muchos pensamos que la subida debería llevar el SMI hasta los 800 euros en este primer año de legislatura y hasta los 1.000 al final de la misma. De este modo, no sólo cumpliríamos con la Carta Social, sino que se  recuperaría el poder adquisitivo perdido desde 2010 y colocaríamos a España en el lugar adecuado dentro del entorno europeo que tanto se invoca. Pues sucede que, siendo España la quinta economía de la Unión Europea y la cuarta de la Zona Euro, esa posición no se mantiene en la cuantía del salario mínimo, donde nos situamos en los últimos lugares entre los países que tienen fijada tal retribución por ley.

     Conviene recordar también que el salario mínimo lleva asociados otros beneficios sociales y económicos, tales como la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y entre colectivos en riesgo de exclusión, la cohesión del mercado de trabajo y un reparto más equitativo de las rentas, la mejora de la calidad en el trabajo y de la productividad, y, en fin, el impulso del consumo y de la economía. Razones suficientes para fundamentar la demanda de una mayor valoración de ese salario. De paso, nos alejaríamos del nivel preocupante de España en lo referente al riesgo de pobreza y exclusión contenido en la Estrategia Europa 2020.

Publicado en La Nueva Crónica, 13 diciembre 2016

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